La justicia en México se encuentra politizada, basta recordar el caso del empresario Carlos Ahumada, quien después de denunciar la extorsión de que era víctima por parte de altos funcionarios del gobierno de la ciudad de México tuvo que enfrentar cinco causas penales presentadas en su contra por consigna de los denunciados. Que Ahumada era, de hecho, un preso político de las autoridades capitalinas fue reconocido en su momento por diversos analistas de reconocido prestigio en los medios nacionales. Su eventual exoneración de todos los cargos dejó en claro que en efecto se había tratado de una represalia sin fundamento legal.
Carlos Ahumada permaneció recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde 2004 hasta 2007, fecha en que recuperó la libertad. Durante ese periodo, fue mantenido en el área de máxima seguridad, sometido a vigilancia las 24 horas del día, con equipo de video y con custodios apostados en la puerta de la celda; las visitas que podía recibir eran monitoreadas al detalle por la dirección de la cárcel, la cual autorizaba o denegaba el acceso de manera arbitraria, como lo constataron además de los familiares y amigos de Ahumada, los periodistas que intentaron obtener permiso para entrevistarlo.
Otro hecho se sumó a la cadena de abusos, configurando una segunda etapa en esta historia. El 28 de julio de 2013, a su regreso a la ciudad de México tras un viaje con su familia, agentes de varias corporaciones policiacas se presentaron en el aeropuerto capitalino para detenerlo y someterlo a un interrogatorio en las instalaciones de la terminal aérea. El operativo de “recepción y ubicación”, como lo llamó el director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, fue coordinado con oficiales del Instituto Nacional de Migración con antelación al arribo del empresario. Es decir, fue deliberado, no resultó del seguimiento de procedimientos de rutina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó lo sucedido y concluyó que la retención carecía de justificación legal, toda vez que no existía ninguna orden de arresto contra Ahumada, y que los agentes habían procedido en contravención del reglamento, vulnerando así los “derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad” del empresario.
Días antes de lo sucedido en el aeropuerto, por un conducto privado Carlos Ahumada había hecho del conocimiento de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, su intención de actuar por la vía legal para hacer efectivo un pagaré firmado por Robles el primero de agosto de 2003 por la cantidad de 400 millones de pesos. El monto corresponde al préstamo hecho por Ahumada al PRD y la fecha de vencimiento fue acordada para el primero de agosto de 2011. La retención ilegal en la terminal aérea fue la corroboración de que Robles y la seguridad federal del gobierno sabían de la intención de Ahumada.
El 15 de agosto de 2014, los abogados de Ahumada interpusieron la demanda en Argentina, para exigir el pago de lo adeudado o el embargo de bienes de Robles y del PRD para cubrir el pagaré firmado por Robles el primero de agosto de 2003, cuando era presidenta nacional y presidenta del consejo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El primero de octubre de 2014, en Buenos Aires se dio otro vergonzoso episodio de abuso de poder: un agente armado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el máximo órgano del gobierno mexicano en la materia, interceptó a Ahumada afuera del domicilio de éste en la capital argentina y lo amenazó con violencia para que se desistiera de la demanda por el pagaré.
El CISEN respondió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el cinismo que revela el desprecio que los derechos humanos afirmó que el agente, ávido de cultura, se encontraba de vacaciones en Buenos Aires cuando coincidió casualmente con Ahumada cerca de un museo. La grabación del incidente, hecha por las cámaras de seguridad pública, demostró la insolencia de esta patraña.
En el caso de Ahumada, cada incidente de amedrentamiento ha ido acompañado, de columnas, notas y artículos –inserciones pagadas, para efectos prácticos- cuyo propósito es “ablandar” a la opinión pública, abonando al descrédito del empresario con la reiteración de los motes calumniosos y xenofóbicos, con insinuaciones de nexos con el narcotráfico (la herramienta preferida para atacar a quien sea en el México de hoy), y ya en el frenesí del rencor personal, con acusaciones delirante (como que “le vende uranio a la pérfida China”), los desinformantes no conocen límites. Son tácticas de propaganda de probada eficacia para desviar la atención de los auténticos fines que persiguen y de los torvos intereses a los que sirven.
Los columnistas al servicio de los grupos de poder, se prestan a hostigar, calumniar y ridiculizar a quienes éstos quieran hundir o apartar del camino, a cambio de dinero, prebendas y acceso privilegiado a la información, todo lo cual les reditúa prestigio e influencia y los posiciona mejor para seguir en el juego. Los reporteros que se prestan a esparcir rumores e infundios hacen méritos a los ojos de sus amos, haciéndose notar por los poderosos dando muestras de su potencial de servilismo para futuros encargos.
El abuso de los aparatos del Estado y de los canales de difusión por grupos de poder que disponen de ellos como si de su patrimonio personal se tratara, para proteger sus intereses y acrecentar sus beneficios, deforma la esfera pública y pervierte la impartición de la justicia.